El incremento de costes salariales, unido a los efectos nefastos de la reforma laboral, hace caer el empleo en el campo en 86.900 trabajadores en 2022. Los agricultores y ganaderos han visto incrementados sus costes de producción hasta límites de todo punto inasumibles, de ahí que el número de explotaciones que cierran cada día es alarmante.
Con la última subida del SMI pactada por el Gobierno de Pedro Sanchez y los sindicatos CCOO y UGT, el Salario Mínimo Interprofesional ha aumentado en 344 euros en los últimos cinco años, con el consiguiente incremento en las bases mínimas de cotización. A este disparado incremento de los costes salariales debemos añadir los incrementos de precios de prácticamente todos los bienes de producción (semillas, fertilizantes, abonos, piensos y por supuesto combustibles y energía). Con unos costes de producción desorbitados y sin margen de maniobra para poner precio a lo que los agricultores y ganaderos producen, la viabilidad del sector atraviesa un momento crítico y se dispara el número de explotaciones agrarias que se ven abocadas al cierre.
Según datos del INE sobre el censo agrario, hasta diciembre de 2020 el sector había perdido 75.000 explotaciones agrarias en los diez años anteriores. A estos datos debemos añadir los graves efectos que dejó la pandemia en el sector y las consecuencias de la guerra de Ucrania que han provocado volatilidad en los mercados y un incremento desmesurados de los precios de materias primas. Teniendo en cuenta todo esto y según las estimaciones de ASAJA, a día de hoy, el sector agrario ya ha superado las 80.000 explotaciones perdidas.
Por lo que respecta al empleo en el sector y según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del ministerio de Trabajo, en el último año la ocupación en el campo ha disminuido en 86.900 trabajadores, es decir un 10,34% menos. Según los datos que maneja ASAJA, solo con los efectos de la anterior subida del SMI (febrero 2022) se perdieron 25.000 empleos en el campo.
Las consecuencias de esta nueva subida están aún por ver pero podemos adelantar que va a tener una repercusión muy negativa en los convenios colectivos del campo que se están negociando a nivel provincial, ya que supone una intromisión del Gobierno en la independencia de la negociación a la que resta margen de maniobra a sus legítimos representantes (empresarios y trabajadores).
Por otra parte, ASAJA advierte al Gobierno que este tipo de subidas reiteradas pueden conllevar otras, no tan deseadas, como son las subidas en el precio de los alimentos, algo que el propio Gobierno está intentando combatir con la reciente puesta en marcha de la bajada del IVA para algunos productos básicos de la cesta de la compra.
Desde 2017, cuando el Salario Mínimo Interprofesional estaba fijado en 707,70 euros (en nuestro vecino Portugal está en 760 euros para 2023) hasta hoy que asciende a los 1.080 euros, el sector ha soportado una subida global del SMI del 52,60%, sin que se hayan arbitrado compensaciones (deducciones o bonificaciones) que alivien las cargas sociales que soportan los empresarios agrarios, como hemos reclamado desde ASAJA en reiteradas ocasiones.
ASAJA quiere dejar patente que no está en contra de que los trabajadores tengan un salario acorde a la realidad actual que vivimos, pero sí de que los empresarios agrarios soporten incremento tras incremento de los costes salariales (SMI, cotizaciones sociales, impuestos) sin ningún tipo de compensación o ayuda para afrontar los mismos.
