La factura eléctrica se ha encarecido un 1000% en los últimos años y supone casi el 50% de los costes de producción de una explotación de regadío. ASAJA ha interpuesto queja ante el Defensor del Pueblo por el reiterado incumplimiento de la Ley 24/2013 que en su disposición final quinta bis reconoce que el contrato de acceso para riego contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad. Tres años después desde que la citada ley fuese modificada para recoger la doble potencia, mediante la ley 1/2018, sigue sin establecerse contrato alguno que posibilite a los regantes disponer de dos potencias eléctricas diferentes.
El pasado 30 de junio finalizó el plazo legal de seis meses (recogido en la Ley 11/2020) que tenía el Gobierno para establecer reglamentariamente una modalidad de contrato que contemplara las dos potencias diferentes en función de las necesidades de suministro del regadío. Ante este flagrante incumplimiento de normativa legal, ASAJA se ha dirigido al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y ha interpuesto una queja, que confiemos sirva para resolver definitivamente este contencioso que perjudica gravemente a los agricultores de regadío.
Han sido numerosas, a lo largo de los tres últimos años, las veces que ASAJA ha reclamado, tanto al ministerio de Agricultura como al de Transición Ecológica, la necesidad de poner en marcha esta modalidad de contrato, máxime cuando en la actualidad los costes eléctricos se han disparado y resultan inasumibles para los agricultores. La repuesta de ambos ministerios sigue sin conocerse.
Desde ASAJA insistimos en que es de vital importancia poner solución urgente a este sobrecoste millonario que supone para los agricultores no disponer de la doble tarifa eléctrica y que les obliga a pagar por una potencia que no usan. La factura eléctrica del regadío se ha encarecido en los últimos años un 1000% y supone ya casi el 50% de los costes de producción de una explotación regable. Si tenemos en cuenta que uno de los problemas más acuciantes al que se enfrenta el sector agrario es el del diferencial entre los altos costes de producción y los bajos precios percibidos, podemos concluir que con falta de regulación de esta doble tarifa estamos poniendo en peligro a todo un sector con un gran peso económico y laboral de nuestra economía.
En 2020, la superficie de cultivo regada en España superó los 3,8 millones de hectáreas, una superficie que representa tan solo el 14% de la superficie agraria útil pero que, sin embargo, contribuye a la Produccion Final Vegetal con más del 50% y al Producto Interior Bruto con un 2,4 % y emplea al 4% de la población nacional ocupada. En este sentido, debemos recordar que una hectárea de riego genera cinco veces más empleo que una de secano.
