ASAJA advierte que imponer desde el ámbito urbano una normativa sobre reducción de jornada, registro horario y desconexión digital sin tener en cuenta las particularidades del sector agrario supondría un duro golpe para agricultores y ganaderos. El campo ya soporta una carga insostenible de costes, burocracia y exigencias medioambientales que ponen en jaque su viabilidad.
A falta de conocer el texto definitivo del proyecto de ley que regulará la reducción de la jornada laboral, ASAJA reitera la necesidad de adaptar cualquier medida a la realidad específica del campo. Desde la OPA se ha pedido al Gobierno un estudio previo riguroso que evalúe el impacto y la viabilidad de aplicar esta norma en el sector primario, donde las condiciones estructurales, económicas y laborales son radicalmente distintas a las del ámbito urbano.
La actividad agraria depende del ciclo biológico, del clima, de las estaciones. No responde a horarios fijos ni a estructuras cerradas. Por eso ASAJA defiende que sea la negociación colectiva la que determine, con flexibilidad y conocimiento, las condiciones laborales en el campo.
La imposición de un registro horario obligatorio, difícil de cumplir en muchas zonas rurales por falta de cobertura y conectividad, ya supone una carga burocrática adicional, inasumible para muchas pequeñas y medianas explotaciones. A esto se suma la desconexión digital, un concepto urbano que poco encaja en un sector donde la atención a cultivos y animales no entiende de horarios. El campo español se enfrenta ya a grandes retos como la crisis de precios, la falta de relevo generacional y las exigencias medioambientales de la política agrícola comunitaria.
El impacto va más allá del ámbito laboral. ASAJA denuncia que esta norma aumentará los costes de producción, y eso acabará trasladándose a los precios. Es decir, también afecta al consumidor. “Estamos ante una medida que no tiene en cuenta la estructura ni la economía real del sector agrario”, advierte el presidente de ASAJA, Pedro Barato. “Es un nuevo lastre para la competitividad del campo español, y podría empujar a muchas explotaciones, ya al límite, a la desaparición”.
En el dictamen emitido por el Consejo Económico y Social, muchas de las propuestas de ASAJA fueron recogidas. Ahora, la organización espera que también lo estén en el texto final del proyecto de ley. De lo contrario, se estaría legislando de espaldas al mundo rural, aumentando la inseguridad jurídica y generando más desigualdad entre el campo y la ciudad.
