El modelo diseñado por el ministerio de Agricultura penaliza de forma grave la actividad agraria, productiva y profesional. Rechazo unánime a la definición de agricultor activo; al pago redistributivo; a los topes de las ayudas acopladas; a la degresividad en el resto de pagos; a los ecoesquemas y a la condicionalidad social que supondrán un menoscabo en la renta de los productores.
El Comité Ejecutivo nacional de ASAJA, reunido hoy en Madrid, ha aprobado la convocatoria de movilizaciones con carácter nacional en protesta por el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 que prepara el ministerio de Agricultura y que el propio ministro Planas ha anunciado su intención de tener cerrado antes de que finalice el año. Un plan al que, como ya ocurriera con el Acuerdo sobre la PAC alcanzado en Bruselas a finales del mes de junio, le sobra ideología y le falta agronomía.
El modelo productivo agrario diseñado en el Plan Estratégico del ministerio, y que cuenta ya con el visto bueno de algunas Comunidades Autónomas, (no así con el de las organizaciones agrarias que en estos momentos hemos quedado relegadas de la negociación) tiene -según la dirección de ASAJA- graves errores de planteamiento ya que no se puede exigir a los agricultores y ganaderos que, con los mismos o incluso menos fondos, afronten exigencias mucho mayores a la hora de producir.
Es prioritario, por tanto, afrontar los retos que se avecinan con medidas que acompañen a los agricultores y ganaderos profesionales para que puedan responder a estas nuevas exigencias con garantías de éxito, viabilidad y rentabilidad. Deben arbitrarse medidas de apoyo al relevo generacional, estructuras e infraestructuras en el medio rural, reducción generalizada de los costes de producción, equilibrio de la cadena agroalimentaria y refuerzo del eslabón del productor en la formación de valor, reciprocidad en las relaciones comerciales, acceso a la innovación y tecnología agraria y reconocimiento de la actividad agraria ante el consumidor y la opinión pública.
Pero volviendo al Plan Estratégico, el Comité Ejecutivo de ASAJA sostiene que éste debe jugar un papel fundamental a la hora de definir el modelo de agricultura y de agricultores que queremos para España en los próximos años y no solo en el periodo que abarca la reforma porque el acuerdo alcanzado en Bruselas el pasado junio lanza una serie de líneas de actuación, algunas obligatorias, pero otras muchas abiertas a la aplicación nacional y en las que se deja plena autonomía.
Un ejemplo de estas últimas es la definición de agricultor activo que nuestro país pretende delimitar. En opinión de ASAJA esta definición debe venir marcada por la actividad agraria productiva y el ejercicio profesional de dicha actividad y debe favorecer a los agricultores profesionales que asumen riesgos empresariales, cotizan a la Seguridad Social en la rama agraria y cumplen con todas las obligaciones fiscales y laborales. Desgraciadamente, la propuesta del ministerio parece ir en sentido contrario.
Esta definición de agricultor activo resulta esencial porque marca el destino de algunos pagos ya conocidos como es la ayuda base pero también de otros nuevos como el Pago Redistributivo. ASAJA rechaza el tratamiento que el ministerio da a este pago, incluyendo en el a beneficiarios que no realizan actividad productiva alguna o solo con carácter marginal, en igualdad de derechos que los profesionales del sector porque esto penaliza a estos últimos y puede tener el efecto contrario al buscado.
En cuanto a la determinación del número de regiones a efectos de Pago de la PAC, debe buscarse de forma urgente el necesario equilibrio territorial y productivo y saber combinarlo con otras herramientas como el calendario de convergencia, los pagos asociados para sectores afectados (especialmente los ganaderos, pero también algunos agrícolas) e incluso en intervenciones del segundo Pilar.
Las ayudas y pagos acoplados son herramientas absolutamente necesarias en este nuevo proceso, por lo que rechazamos cualquier tipo de degresividad aplicada a las mismas. Son necesarias todas y cada una de las hectáreas y cabezas de ganado que se encuentran en dificultades en estos momentos.
En opinión de ASAJA, la condicionalidad social esconde una injustificada “criminalización” del agricultor que emplea mano de obra fija o temporera, lo que podría plasmarse en más controles y sanciones. El ministerio ha decidido adelantarse al plazo establecido por la UE y empezar en 2024. Confiemos en que esto no suponga mayor carga burocrática y complejidad de la PAC.
El reto medioambiental que plantea la PAC a nivel europeo es más que importante, con mayores restricciones y nuevas imposiciones (Estrategias del Pacto Verde), ignorando los importantes esfuerzos realizados hasta el momento por el sector agrario europeo en materia de respeto medioambiental y lucha contra el cambio climático. Esta mayor ambición se manifiesta imponiendo condiciones aún más rigurosas, como la rotación de cultivos, y en el refuerzo de la condicionalidad, que integra prácticas de producción ya existentes, pero retirándolas el apoyo financiero específico para el “greening”.
Los denominados ecoesquemas son la línea básica del nuevo mecanismo voluntario para avanzar en las prácticas respetuosas con el medio ambiente, pero parten de unos niveles de exigencia muy superiores a la condicionalidad. Su importancia es básica en la nueva PAC ya que suponen el 25% del total de los pagos directos, por lo que ASAJA reclama que su diseño sea sencillo, accesible y sobre todo universal para evitar que se pierdan fondos o haya agricultores que no se vean incluidos en ninguno de estos ecoesquemas. Además, todas las hectáreas acogidas contribuirán de la misma manera al compromiso climático y medioambiental, por lo que rechazamos la degresividad por superficie planteada por el ministerio.
En este sentido, es fundamental hacer valer las tesis agronómicas sobre las puramente ecológicas con el fin de diseñar un Plan Estratégico que sea asumible, realizable y atractivo para los profesionales agrarios que desarrollan su actividad de una manera profesional.
ASAJA no puede comprender, dada la tremenda importancia de lo que el sector agrario se juega con el diseño de este Plan, cómo la interlocución y coordinación del ministerio no es máxima tanto con Comunidades Autónomas como con Organizaciones Profesionales Agrarias. Reclamamos que en esta fase final del diseño del Plan la voz de ASAJA sea escuchada para hacer valer la opinión de los profesionales agrarios ante este importante reto de la PAC.
