La organización agraria ha solicitado al Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha que traslade a la Administración nacional la necesidad de aclarar las dudas para poder cumplir con la normativa vigente
ASAJA Castilla-La Mancha ha pedido un protocolo de actuación que interprete la Reforma Laboral en lo que respecta a los contratos para los trabajadores del sector agrario, ya que, en plena contratación de las primeras campañas, como la del ajo, la Administración nacional no acaba de aclarar qué tipo de contratos se ajustan al sector.
Según ha explicado la organización agraria, la Reforma Laboral no responde a las necesidades del campo, si no a las medidas planteadas en el diálogo social entre organizaciones sindicales y patronales, impuestas por el Gobierno de la Nación, para cumplir con las exigencias comprometidas con la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el plan desarrollado por la Administración española como obligación para la gestión de los fondos Next Generation en el periodo 2021-2023, como así se refleja en el preámbulo del Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral.
Así se lo ha trasladado el secretario general de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, al Delegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca, en la reunión mantenida en Toledo, en la que también han participado los miembros del Comité Ejecutivo Regional de la organización, Blanca Corroto y Agustín Miranda, y el responsable de relaciones laborales de ASAJA Cuenca, Ángel Fuente.
En este sentido, ASAJA CLM ha puesto sobre la mesa la casuística del sector agrario, como la eventualidad o la procedencia de los trabajadores, ya que, a pesar de las múltiples reuniones mantenidas en las diferentes provincias con los responsables de las administraciones competentes, todavía no se ha aclarado cómo se debe proceder correctamente para que los empresarios agrarios puedan cumplir la ley sin exponerse a una sanción y terminar en un proceso judicial.
De este modo el Secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, confirmaba semanas atrás en Toledo que la nueva Ley estaba pensada para dar respuesta a las necesidades de mano de obra de los agricultores y que esta fue una preocupación desde el comienzo, añadiendo “que, con el contrato de duración determinada con la fórmula de los 90 días, gran parte de las campañas agrícolas de nuestra región encuentra una cobertura adecuada”. Por otro lado, las inspecciones de trabajo se decantan por ser trabajadores fijos-discontinuos, debido a que no han recibido ninguna información del Ministerio en cuanto a su interpretación, tal y como trasladan a la organización agraria.
De hecho, según ha advertido ASAJA CLM, las contrataciones para la campaña del ajo ya se han iniciado y, será el proyecto piloto de una ley “apresurada” que, este primer año de vigencia, ante la falta de voluntad política para su correcta aplicación, terminará siendo interpretada por los jueces cuando comiencen las sanciones.
Por otra parte, la organización ha explicado la conveniencia de potenciar los convenios colectivos del campo como una forma de resolver los problemas del sector entre las partes implicadas, pero la intromisión del Gobierno en las negociaciones colectivas ha dejado anulado su trabajo y la confianza depositada en esta herramienta durante muchos años. Esto se debe a que, en muchos de los convenios colectivos provinciales, más del 60 % de su articulado ha quedado anulado, lo que provocará la necesidad de reestructurarlo desde el principio y será una labor de muchos años y trabajo hasta que se vuelva a recuperar la confianza entre las partes.
Finalmente, la organización agraria ha solicitado al Delegado del Gobierno que traslade la preocupación del sector, pero ha apostillado que, esta ley, aunque termine con los denominados “falsos eventuales” a los que se refieren fuentes del Gobierno, provocará el aumento de los “falsos fijos”, que se tendrá que explicar a las autoridades comunitarias pero, sobre todo, encarecerá los costes de mano de obra que los agricultores no podrán después repercutir en los precios de sus productos.
