Cientos de agricultores convocados por ASAJA, COAG y UPA plantan cara en el Ministerio: sin precios dignos y sin apoyo, el cereal no tiene futuro.
El sector cerealista ha dicho basta. Cientos de agricultores, convocados por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, se han concentrado esta mañana ante las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid para denunciar la crítica situación que atraviesa el cultivo de cereal en España y exigir al Gobierno medidas inmediatas.
La concentración, que ha reunido a cientos de agricultores, ha servido para trasladar públicamente las reivindicaciones conjuntas de las tres organizaciones, tras meses de crisis de rentabilidad agravada por los altos costes de producción, el hundimiento de los precios y la competencia desleal de importaciones masivas.
Durante el acto, los responsables de ASAJA, COAG y UPA han recordado las tres principales demandas que el sector plantea al Ministerio:
- Ayuda directa a los agricultores por el sobrecoste de los fertilizantes, que en muchos casos ha duplicado el gasto de los productores en las últimas campañas.
- Supresión inmediata de los aranceles a la importación de fertilizantes, que encarecen artificialmente los costes para el campo español mientras otros sectores quedan exentos.
- Control real de las importaciones de cereales, dando prioridad a la producción nacional frente a la entrada masiva de cereal de países terceros sin los mismos controles ni estándares.
El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, ha sido claro en sus declaraciones: “Hoy lo que está en juego no es sólo la renta de los agricultores, sino la supervivencia misma de miles de explotaciones cerealistas. No podemos permitir que, con precios hundidos por debajo de los 200 euros por tonelada y costes que superan los 800 euros por hectárea, se siga forzando al sector a trabajar a pérdidas. Lo que pedimos son medidas concretas, inmediatas y perfectamente aplicables: ayudas directas sobre las facturas de fertilizantes, acabar con los aranceles absurdos y defender de una vez por todas la producción española frente a la competencia desleal.”
Por su parte, el responsable del sector de cereales de la Ejecutiva de COAG, Javier Fatás, ha remarcado que “hoy por hoy, los precios del grano en nuestros campos no se deciden en Valladolid ni en Zaragoza, se deciden en despachos a miles de kilómetros, donde un click de un bróker vale más que una campaña entera de trabajo. Esta especulación financiera sobre productos básicos como el trigo o la cebada está distorsionando el mercado mundial, y el agricultor es el eslabón más débil de la cadena. ¿Y el resultado? Trigo nacional a precio de saldo. Hoy, en el campo se paga por debajo de 220 euros por tonelada, cuando producirlo cuesta más de 250”, ha apostillado.
El secretario de Agricultura de UPA, Ignacio Huertas, ha descrito como “crítica” la situación del sector cerealista. “Tenemos precios ruinosos y costes de producción disparados, y ninguna de las dos cosas es responsabilidad de los agricultores. Sufrimos la especulación de mayoristas e intermediarios y las consecuencias de la importación masiva de trigo de Ucrania”, ha destacado. “Los costes de producción han subido un 30% en los últimos años, y pueden subir aún más por la imposición de aranceles a los fertilizantes rusos”, ha explicado el representante de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.
Las tres organizaciones han advertido que, si no se adoptan soluciones en breve, las movilizaciones continuarán y se extenderán al conjunto de los territorios productores, además de a Bruselas, sede de las instituciones europeas.
“Sin cerealistas no hay cereal español. Y sin cereal nacional, la cesta de la compra dependerá de terceros países y de los mercados especulativos, lo que no solo encarecerá los precios para los consumidores, sino que además pondrá en riesgo los estándares de calidad y seguridad alimentaria que hoy garantiza la producción nacional”, han recordado los convocantes.
La protesta de hoy refleja el profundo malestar de un sector que, a pesar de las buenas cifras de producción previstas este año (unos 19,5 millones de toneladas), ve cómo su trabajo queda arruinado por decisiones políticas nacionales y comunitarias que asfixian la rentabilidad de las explotaciones.
