20 Estados miembros a favor, seis en contra y una abstención. Teresa Ribera reconoce haber deseado “más respaldo social para esta ley”.
El Consejo de Medio Ambiente de la UE ha aprobado formalmente este lunes 17 de junio en Luxemburgo la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN). Esta norma tiene por objeto establecer medidas para restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE de aquí a 2030, y todos los ecosistemas que necesiten restauración de aquí a 2050.
Según el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, el texto es “justo, equilibrado y sólido, adaptándose a las demandas de todos los actores y responde a una crisis en la biosfera”. Es una acción contra el cambio climático, básica también para los sistemas hídricos, la seguridad alimentaria, los bosques, la biodiversidad, en definitiva, una medida clave para el futuro”.
Por su parte, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España, Teresa Ribera, ha comenzado criticando los procedimientos que se han seguido para el desarrollo y tramitación de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Con respecto a las instituciones europeas perderían credibilidad si este texto no se aprobará hoy, tras el proceso complejo que ha seguido y con el apoyo que ha recibido por el Parlamento Europeo.
“El sector primario, y nuestros agricultores, sobre todo, tienen un enorme desafío delante con el cambio climático y tienen una gran dependencia de la calidad de los suelos y la calidad de la biodiversidad. No aprobar esta ley sería un gran error y una gran amenaza para nuestros ecosistemas y la actividad agrícola. A algunos nos hubiera gustado recibir más respaldo social, pero lo importante es no dar marcha atrás y cerrar favorablemente esta ley, tras el respaldo favorable en el Parlamento Europeo y en los trílogos”, ha señalado Ribera.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente de Austria, cuyo Gobierno se había mantenido hasta ahora en contra de la ley, ha votado a favor del texto cambiando así el resultado final. Asimismo, ha exigido contar con el apoyo de los agricultores, y ha pedido mayor flexibilidad para los Estados miembros para aplicar esta ley de forma adecuada a cada condición nacional, así como contar con mayor seguridad jurídica.
