Los agricultores europeos, reunidos en Rumanía por su XI Congreso, han reafirmado su firme rechazo al acuerdo UE-Mercosur, subrayando sus profundas preocupaciones acerca de la competencia desleal que generaría y la falta de reciprocidad en las normas de producción.
La perspectiva de un acuerdo comercial UE-Mercosur cuenta con la firme oposición del sector agroalimentario europeo, que lo denuncian como anticuado e incoherente. Este acuerdo facilitaría la importación en el mercado europeo de productos agroalimentarios que distan mucho de las normas impuestas a productores y fabricantes europeos (Prácticas Pecuarias Adecuadas (PPA), bienestar animal, legislación laboral…), lo que supondría una competencia desleal e intolerable para nuestros sectores.
A medida que se avanza la posibilidad de concluir las negociaciones sobre el acuerdo comercial UE-Mercosur en la reunión del G20 en Río de Janeiro, y a la vista de las criticas que esto suscita, ha surgido en Bruselas la propuesta de crear un «Fondo de compensación» destinado a apaciguar a los agricultores europeos. Para nuestros sectores, esto parece más un falso apaño rápido que una solución genuina. No aborda las principales preocupaciones, en particular las relativas al impacto sobre los sectores sensibles y la falta de reciprocidad en las normas de producción en los términos actuales del acuerdo.
¡Esto sólo podría percibirse como una provocación! Un «cheque de compensación» no resuelve los problemas planteados por el acuerdo para nuestros sectores y así también lo ha entendido una gran parte de la opinión pública europea, incluidos los representantes de los consumidores, los sindicatos y las organizaciones ecologistas que reclaman la necesidad de una reciprocidad real en cuanto a las normas de producción y los riesgos de estimular la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad en los países afectados.
En lugar de distraer el debate con este tipo de propuestas, la Comisión debería asumir seriamente las conclusiones sobre el comercio agroalimentario planteadas en el informe sobre el Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura de la UE, que subraya la necesidad de que la Comisión «emprenda una revisión exhaustiva de sus estrategias de negociación», así como la necesidad de un mayor nivel de reciprocidad. Cualquier otro enfoque pondría en peligro nuestros sectores, ya debilitados por un contexto climático y económico difícil, y correría el riesgo de exacerbar las tensiones expresadas por el sector agrícola europeo a principios de 2024.
En este mismo sentido se ha expresado la delegación de más de 30 miembros de ASAJA, además de Asaja Córdoba, encabezada por su presidente Pedro Barato, quien ha exigido en Rumanía “un presupuesto adecuado para enfrentar los desafíos actuales”. Además, ha defendido que los agricultores europeos no deben cargar solos con las consecuencias del conflicto en Ucrania y demandan acciones inmediatas en la cadena alimentaria, para evitar prácticas comerciales injustas.
Asimismo, Barato ha abogado por soluciones innovadoras, como productos de protección vegetal efectivos y biotecnología, así como por una visión de la ganadería basada en la ciencia, con mayor apoyo para la transición del sector. También ha reclamado “una gestión de riesgos eficiente mediante un fondo común de seguros” y ha mostrado su firme deseo de “promover la agricultura europea, escuchando y valorando a sus productores». Para ello, “son esenciales evaluaciones de impacto detalladas y acumulativas, además de una simplificación administrativa que reduzca la burocracia”, ha añadido.
En este sentido, uno de los sectores que puede verse afectado por el acuerdo UE-Mercosur es el citrícola, del que España es el principal productor a nivel europeo, y para el que se reclama, en línea con lo defendido desde la Interprofesional del Cítrico, que se excluya a los cítricos y al zumo de naranja del Acuerdo UE-Mercosur. Especialmente criticable es la doble moral de la UE a la hora de no exigir los mismos estándares de producción, sobre todo en materia de fitosanitarios, por poner en peligro con ello la seguridad alimentaria de los consumidores europeos. En definitiva, según Pedro Barato, “este acuerdo con el Mercosur es incompatible con el Pacto Verde Europeo. Lamentamos que el interés por potenciar la sostenibilidad en la UE se vea diluido en los acuerdos comerciales con terceros países, en los que únicamente se prima el beneficio económico”.
