La bonificación de 20 céntimos del carburante, que finaliza el 30 de junio, ha quedado ya ampliamente superada por los incrementos de precio. Los costes de producción hacen inviable el futuro de las explotaciones agropecuarias.
Inmersos en plena campaña de cereales, los agricultores ven como los gastos de cosecha se disparan como consecuencia de las subidas diarias del precio del combustible. Una cosechadora consume al día unos 400 litros de gasóleo, es decir, 677, 2 euros/día, a lo que hay que sumar el consumo de tractores y/o camiones que realizan las tarea de acarreo del grano para su almacenamiento. Unos gastos que resultan desorbitados y que merman la rentabilidad de las explotaciones cerealistas de forma alarmante. El resto de sectores tampoco salen mejor parados y la ganadería soporta una subida indiscriminada del precio de los piensos que la aboca al sacrificio de animales.
Cuando a finales del mes de marzo el Gobierno aprobó la bonificación de 20 céntimos al combustible, el precio del gasóleo se situaba en 1,3 euros/litro, a fecha de hoy el precio alcanza ya los 1,7 euros/litro. Una subida cercana a los 30 céntimos que rebasa la bonificación diseñada para compensar el precio.
Respecto a junio de 2021, el precio del gasóleo agrícola se ha incrementado un 120%, la energía eléctrica un 180%, y los piensos para la alimentación del ganado un 36% para el vacuno y en un 49% para el porcino. Con estos costes de producción resulta de todo punto inviable el futuro de las explotaciones agropecuarias, máxime si a esto sumamos los efectos que la sequía está dejando en sector, con importantes mermas de producción (cereales -30%), y la inestabilidad y incertidumbre provocadas en los mercados internacionales como consecuencia de la invasión de Ucrania.
Por todo ello, ASAJA insiste al Gobierno en la necesidad de poner en marcha medidas fiscales urgentes que alivien los incrementos de costes de producción, y en este sentido urgimos a reducir el IVA de los hidrocarburos para situarlo en el tipo reducido o superreducido con el margen que establece la Directiva europea de fiscalidad y a poner en marcha las reducciones en la factura del gasóleo del 35% y del 15% de los fertilizantes y plásticos en el IRPF, tal y como se recoge en la Ley de la Cadena Alimentaria que entró en vigor el 16 de diciembre de 2021.
Igualmente, demandamos un incremento de la deducción de los gastos de difícil justificación para los agricultores que tributen en el régimen de estimación directa del IRPF, así como un incremento en el IVA compensatorio del 10,5% al 12% en ganadería para equiparlo con el de agricultura en el régimen especial de agricultura y ganadería del IVA.
También consideramos urgente la aplicación del tipo superreducido del 4% del IVA a las compras realizadas por los productores agrarios de aquellos medios de producción necesarios para el desarrollo de su actividad, como inputs agrarios y materias primas.
Y por último, demandamos la reducción de los costes energéticos aplicando, de una vez por todas, la doble tarifa eléctrica para el riego, tal y como ha venido anunciando el Gobierno desde finales del año 2020 en la Ley de Presupuestos para 2021 y posteriormente en la Ley de la Cadena Alimentaria y que ha sido incumplido reiteradamente hasta la fecha.
