Las organizaciones agrarias trasladarán a los grupos parlamentarios una propuesta conjunta para defender el regadío, los derechos de agua de agricultores y ganaderos y el futuro del medio rural de la región.
El presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, han presentado hoy la posición conjunta de ambas organizaciones agrarias sobre la situación del agua en Castilla-La Mancha y las principales propuestas que trasladarán a las Cortes regionales para su defensa.
En rueda de prensa, ambas organizaciones han expresado su máxima preocupación ante la situación crítica a la que se enfrenta el regadío de Castilla-La Mancha, al considerar que las medidas contempladas en el actual proceso de planificación hidrológica constituyen un ataque directo y desproporcionado al sistema productivo agrario de la región.
El presidente de ASAJA CLM, José María Fresneda, ha pedido “unidad social” y ha recordado que “la única función que tenemos nosotros es representar los intereses de los agricultores por ley. Por ello, nos vamos a las Cortes de Castilla-La Mancha con la intención de consensuar una posición con los tres grupos políticos del arco parlamentario y pelear lo que queda de año, y el año que viene, para que no se plasme el cuarto ciclo de planificación hidrológica tal cual está planteado, así como para intentar actuar en Bruselas para que se prorrogue la Directiva Marco del Agua”.
Además, Fresneda ha indicado que junto a ASAJA y UPA, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha apoya de manera inequívoca la posición de las organizaciones agrarias y participará en el proceso de presentación pública en las Cortes regionales.
Por su parte, el secretario general de UPA CLM, Julián Morcillo, ha puesto algunos ejemplos de las pérdidas que supone esta planificación para el campo castellano-manchego y ha denunciado que solo se tiene en cuenta la necesidad de Levante. Para concretar, por ejemplo, en el Guadiana, la propuesta es un atentado para una zona que concentra a un tercio de la población de la comunidad autónoma. Con un total de 340.000 hectáreas de regadío, que representan el 58% de toda la superficie regada de Castilla-La Mancha, el plan pretende condenar al secano al 34% de estas tierras.
«Las consecuencias económicas serían terribles: 213 millones de euros al año en el valor de la producción, una reducción del margen neto de 82 millones de euros, y una pérdida patrimonial directa para los agricultores que asciende a 1.500 millones de euros por el descenso del valor de sus terrenos al pasar de riego a secano.»
Morcillo ha hecho un llamamiento a la unidad; «se necesita una defensa como región, no vamos a permitir una política de regate corto frente a la extinción de derechos y a la reducción drástica de nuestras superficies de riego».
ASAJA y UPA CLM han solicitado formalmente a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha que asuman el documento elaborado conjuntamente por ambas organizaciones y alcancen el consenso necesario para elevar y aprobar una Declaración Institucional en el Pleno de la Cámara regional.
A juicio de ambas organizaciones, un pronunciamiento unánime del Parlamento autonómico resulta imprescindible para instar al Gobierno de España a paralizar los recortes previstos y exigir soluciones viables que permitan compatibilizar los objetivos medioambientales con la continuidad de la actividad agraria y ganadera.
Las organizaciones recuerdan que los sucesivos procesos de planificación hidrológica han sido históricamente perjudiciales para Castilla-La Mancha. A pesar de que la región está atravesada por siete cuencas hidrográficas y genera importantes recursos hídricos, denuncian que la planificación ha favorecido progresivamente el abastecimiento de otras regiones más pobladas, especialmente del Levante español, en detrimento de los derechos de uso del agua de agricultores y ganaderos castellano-manchegos.
Asimismo, han señalado que la publicación, el pasado 28 de noviembre de 2025, del Esquema Provisional de Temas Importantes de las distintas Confederaciones Hidrográficas agrava esta situación. Según explican, el nuevo escenario viene condicionado por la imposibilidad de prorrogar más allá de 2027 los plazos para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Directiva Marco del Agua, especialmente en lo relativo al equilibrio entre los recursos hídricos renovables y las extracciones en las masas de agua subterráneas.
Para ASAJA y UPA CLM, las medidas estructurales planteadas en este proceso de planificación supondrían graves consecuencias para el tejido productivo regional, entre ellas, una disminución drástica de los volúmenes de concesión, una reducción severa de las dotaciones hídricas autorizadas, la conversión forzosa e irreversible de una parte significativa de la superficie actual de regadío en terrenos de secano y la extinción definitiva de derechos de uso de agua legítimamente adquiridos.
Las organizaciones agrarias consideran que estas medidas pondrían en riesgo la viabilidad económica de numerosas explotaciones agrarias y ganaderas de la región, además de comprometer la actividad económica, el empleo y la fijación de población en el medio rural.
El documento conjunto elaborado por ASAJA y UPA CLM no solo analiza las razones por las que consideran que las directrices incluidas en el actual proceso de planificación son insostenibles y generan una situación de desigualdad para Castilla-La Mancha, sino que también incorpora una batería de propuestas, consideraciones y alternativas destinadas a garantizar una gestión equilibrada del agua que permita proteger tanto el medio ambiente como el futuro del sector agropecuario regional.
Ambas organizaciones han insistido en que la defensa del agua para Castilla-La Mancha trasciende cualquier planteamiento político o partidista y requiere una respuesta institucional firme, coordinada y unánime en defensa de los intereses de agricultores, ganaderos y del conjunto de la sociedad castellano-manchega.
