La CE presenta mañana sus estrategias “De la granja a la mesa” y “Biodiversidad en el horizonte 2030”, sin haber sacado conclusiones de la actual crisis del Coronavirus. ASAJA urge al Comisario de Agricultura a defender a los productores y la garantía de abastecimiento alimentario de la UE.
Si algo ha puesto de manifiesto la crisis del Coronavirus que está afectado a toda Europa es el papel estratégico de nuestra agricultura y el servicio imprescindible que los productores agrarios están prestando a toda la sociedad. Sin embargo, la Comisión Europea, ajena a todo y cediendo a las presiones del lobby ecologista, presenta mañana en Bruselas dos Comunicaciones, por el momento propuestas no vinculantes, que suponen un grave e injustificado ataque a la agricultura productiva de la UE.
Se trata de dos iniciativas estrella del programa de trabajo de la Presidenta Ursula Von der Leyen dentro del denominado “Pacto Verde Europeo”, que pretende situar a la Unión Europea en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, en la Comunicación sobre “Biodiversidad en el horizonte 2030” y en la estrategia “De la granja a la mesa” se asesta un duro golpe a la agricultura europea hasta el punto de poner en cuestión la seguridad alimentaria de la Unión, en un momento en el que ha quedado patente el papel primordial y básico del sector agrario para el funcionamiento de la sociedad.
En estos dos documentos, preparados por la Comisión antes de que la pandemia llegara a Europa, se imponen severas limitaciones al uso de fitosanitarios, fertilizantes y antibióticos, privando a los agricultores de unas herramientas esenciales para garantizar la salud de los animales y los cultivos. Se trata de una política regresiva que pone en peligro nuestra independencia alimentaria y que es totalmente contraria a la que siguen otras potencias alimentarias mundiales.
La Comisión plantea, según los últimos borradores conocidos, una serie de condicionantes como son el que se amplíe la superficie de agricultura ecológica hasta el 25% de la superficie agraria total de la UE para el año 2030, así como que el 10% de las tierras agrarias se destinen a elementos no productivos; que se reduzca el uso de abonos en un 20% y el de fitosanitarios en un 50%. También se abre la posibilidad de incrementar las zonas incluidas en Red Natura 2000, con las limitaciones que de ello se derivan para la actividad agrícola y ganadera. Un autentico desarme de la agricultura y un cambio de papel para los productores agrarios que se convertirán en meros jardineros de Europa.
Se trata de un paso atrás en toda regla en conceptos que ya estaban consolidados en la política agraria de la Unión Europea como son la seguridad alimentaria o el abastecimiento seguro, estable y saludable, que vuelven a ser una de las mayores prioridades de la sociedad europea. El sector productor, que ha estado y está prestando un servicio que garantiza seguridad alimentaria y aportando tranquilidad a la población, necesita poder contar con las herramientas necesarias para realizar su labor diaria.
Impacto ambiental
Mientras la actividad agraria y la cadena agroalimentaria siguen prestándo un servicio esencial para los ciudadanos, llenando diariamente los estantes y lineales de nuestras tiendas y supermercados, los niveles de contaminación y de emisiones de gases de efecto invernadero han descendido muy notablemente, poniendo en cuestión muchas de las acusaciones de determinados colectivos sobre el papel contaminante de la agricultura y ganadería.
En realidad, la agricultura y ganadería europea representa un 8% del total de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la UE, siendo a su vez la UE responsable de menos del 10% del total de las emisiones del Plantea. Por tanto, la agricultura y ganadería europea es responsable únicamente de un 1% del total de las emisiones mundiales.
En definitiva, las propuestas de la Comisión son claramente restrictivas e impositivas, y en algunos casos excluyentes y poco coherentes con las posibilidades y avances que la ciencia ofrece. Resulta paradójico que el propio Comisario de Agricultura Wojciechowsky reconociera, hace escasas semanas, que los agricultores y ganaderos están demostrando que su actividad diaria es un servicio imprescindible para el conjunto de la sociedad. Un “bien público” esencial, que no se puede delegar en otro ni dejar en manos de terceros, al tiempo que reclamaba “una PAC más respetuosa con los agricultores y ganaderos de la UE” y la necesidad de contar con un presupuesto adecuado y acorde con las ambiciones europeas.
Confiemos en que el sentido común se imponga y si no que lo hagan imponer el resto de instituciones comunitarias como son el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros, al que pertenece nuestro ministro de Agricultura, Luis Planas. Sería bueno que todos tuvieran presente el artículo 39 del Tratado de la Unión que promueve “aumentar la productividad agrícola a través del progreso técnico y asegurando la utilización óptima de los factores de producción, en particular la mano de obra y garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores”.
