La reciente aprobación en el Congreso de la modificación del Real Decreto 1164/2001, que abre la puerta a la implementación de una doble tarifa eléctrica para agricultores y ganaderos, supone una noticia buena, largamente esperada por el campo español. Es un paso en la dirección correcta, sin duda. Una medida de sentido común, lógica y necesaria. Pero conviene no celebrarlo demasiado pronto. Porque los que llevamos tiempo en esto sabemos que, en política, especialmente cuando se trata del campo, hay promesas que florecen en los titulares y se marchitan en el BOE.
No sería la primera vez que una medida aprobada se queda en el limbo de la letra pequeña, encallada entre reglamentos sin fecha o “estudios técnicos” que nunca acaban. Ya nos conocemos la película: aplausos en la tribuna, fotos para el dossier de campaña, y luego… silencio administrativo. Y mientras tanto, el agricultor, ese al que tanto se le llena la boca al gobierno cuando habla de sostenibilidad o soberanía alimentaria, sigue regando a precio de oro o, directamente, sin poder regar.
La doble tarifa eléctrica no es ningún regalo. Es una medida básica para garantizar que producir alimentos no sea un acto de heroísmo. Permite ajustar el consumo, alivia los costes energéticos de las explotaciones permitiendo que los agricultores paguen por lo que usan y, sobre todo, reconoce que el campo no puede seguir funcionando con tarifas diseñadas para oficinas o bloques de viviendas.
Y no, no basta con decir “ya está aprobado”. Hay que ponerla en marcha ya. Hay que dejarse de excusas técnicas, de mesas de trabajo eternas y de promesas a medio cumplir. El Gobierno tiene ahora la responsabilidad —y la oportunidad— de demostrar que cuando habla de apoyar al sector primario, lo dice en serio; de lo contrario se estaría poniendo en evidencia y desprestigiándose ellos mismos con una nueva contradicción. Porque si esta medida vuelve a encallarse como tantas otras, entonces habremos perdido otra vez el tiempo… y la paciencia.
La doble tarifa eléctrica, por tanto, no es un privilegio; es una necesidad imperiosa para mantener la competitividad del sector agrario. Si los costes energéticos continúan su escalada, el campo español corre el riesgo de perder terreno en materia de competitividad, al igual que ha sucedido en otros sectores industriales. Un ejemplo claro es la industria siderúrgica o el turismo, donde las empresas se están deslocalizando o repercutiendo esta escalada de costes en los precios de venta al público, lo que dispararía la inflación.
Sin medidas que ajusten y racionalicen los costes eléctricos, como la doble tarifa, el sector agrario podría enfrentar una disminución en su capacidad productiva y en su presencia en mercados nacionales e internacionales, afectando no solo a los productores, sino también a la economía y seguridad alimentaria del país.
Aquí no se trata de pedir privilegios, sino de exigir coherencia. ¿No se hartan de repetir que debemos producir más cerca, consumir lo nuestro, reforzar el medio rural? Pues bien: sin costes energéticos razonables, eso es papel mojado. Y si además tenemos que competir con productos de terceros países, cultivados con normas medioambientales inexistentes y tarifas ridículas, al menos que nos permitan regar sin arruinarnos.
Desde ASAJA no vamos a soltar esta bandera. Vigilaremos cada paso, presionaremos donde haga falta y pondremos el foco sobre cada incumplimiento. Porque en el campo estamos hartos de buenas palabras. Necesitamos hechos. Necesitamos obras, no titulares. Y, sobre todo, necesitamos gobiernos que entiendan que, si el campo cae, cae todo lo demás.
Así que enhorabuena por la aprobación, sí; y gracias a quienes lo han apoyado. Pero que no se les olvide: los papeles no riegan. Lo que riegan son políticas valientes, ejecutadas sin demora y pensadas para quienes se levantan cada día con las botas puestas y las manos en la tierra.
Por Agustín Miranda Sotillos, gerente de Asaja
FUENTE: ASAJA NACIONAL
