EL Parlamento europeo da un paso decisivo para reforzar el papel de los agricultores en la cadena alimentaria, garantizar la transparencia del etiquetado y proteger las producciones cárnicas europeas frente a las imitaciones. El PE rechaza los nuevos pagos complementarios de crisis para agricultores afectados por catástrofes si no hay financiación extra. También se lamenta que los eurodiputados no eliminaran la condicionalidad social de la PAC, considerada una doble penalización.
ASAJA, Farm Europe y Eat Europe acogen con satisfacción el paso adelante para fortalecer la posición de los agricultores en la cadena de suministro agroalimentaria y defender la transparencia y la protección de los consumidores, tras la adopción por parte del Parlamento Europeo del informe de la eurodiputada Céline Imart, que modifica la reforma de la organización común de mercados única (OMC). Este informe es crucial dado que recoge propuestas clave para reequilibrar el funcionamiento de la cadena de suministro alimentario y proteger mejor a los agricultores de la UE, en el contexto de la reforma de la organización común de mercados (OCM).
Mediante la aprobación de este informe, el Parlamento Europeo adopta una postura decidida a favor del etiquetado, la transparencia en el origen de los productos, la protección de los consumidores y la puesta en valor de las cooperativas por sus estándares justos. En el contexto actual, donde ciertas prácticas comerciales difuminan las diferencias entre productos tradicionales de origen animal y sus alternativas vegetales o cultivadas en laboratorio, se considera prioritaria la puesta en marcha de un marco normativo sólido y exhaustivo para salvaguardar las denominaciones de los productos cárnicos, especialmente en lo referente a términos esenciales como «hamburguesa», «salchicha» y «filete», utilizados habitualmente de forma inadecuada en la comercialización de imitaciones.
¡Las palabras importan!
Un etiquetado claro y honesto no es simplemente una cuestión de marketing, sino una cuestión de salud pública, confianza de los consumidores y competencia leal. Además, el informe da respuesta a la gran mayoría de los consumidores que piden conocer el país —o incluso la región— de origen de sus alimentos, entendido como el lugar de producción.
También se celebra la aprobación de la enmienda destinada a promover y mejorar el valor de los productos agrícolas europeos, dando prioridad a los productos alimenticios y agrícolas originarios de la Unión, en particular los productos locales y de temporada, en los contratos públicos.
Contratos
El Parlamento Europeo también ha aprobado los contratos escritos obligatorios para la entrega de productos agrícolas, a nivel de estado miembro. Las modificaciones de la actual legislación sobre la política agrícola común tienen por objeto reforzar la posición contractual de los agricultores y, de este modo, estabilizar sus ingresos.
El Parlamento también reduce a 4.000 euros (frente a los 10 000 euros propuestos por la Comisión) el umbral a partir del cual los Estados miembros pueden decidir que los contratos no son obligatorios. Por último, para evitar una competencia innecesaria entre los distintos modelos de producción, los diputados se oponen a la creación de organizaciones de productores ecológicos cosa que celebramos también desde Asaja.
Medidas correctivas para la simplificación de la PAC
Las movilizaciones agrarias del año pasado en Bruselas se han hecho eco en el hemiciclo europeo. ASAJA y el COPA- COGECA celebran que el Parlamento Europeo haya rechazado la introducción de los nuevos pagos complementarios de crisis para los agricultores tras catástrofes naturales, fenómenos climáticos adversos o catástrofes como nueva intervención en el marco de los pagos directos, sin financiación adicional. La reserva agrícola debe seguir prestando apoyo a los agricultores que se vean afectados por estos acontecimientos. Además, la aclaración sobre las flexibilidades introducidas para la gestión de riesgos en relación con el cálculo de las pérdidas hará que estas herramientas sean más aplicables y atractivas. Por último, ASAJA y COPA–COGECA lamentamos que no se haya eliminado la condicionalidad social de la PAC, que supone una doble penalización. La política social sigue siendo competencia de los Estados miembros, con su propio sistema de sanciones específico y fiable, y debe permanecer en ese nivel.
ASAJA exige al Gobierno de España que elimine esa doble penalización.
